Editorial de Innovamás 7, ya disponible para su descarga gratuita en el Portal de la Innovación.
Después de dos años de tramitaciones y muchos más sufriendo un marco legal que no se adaptaba a la realidad de la actividad investigadora e innovadora española, por fin contamos con la Ley de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación, que sustituye a la anterior Ley de la Ciencia de 1986. Este nuevo texto quiere responder a las continuas demandas de los profesionales del mundo científico y de la investigación, que llevaban largo tiempo advirtiendo a la Administración pública de las carencias del sistema y del impacto negativo que estas estaban teniendo en el correcto desarrollo de su trabajo. Por lo tanto, podemos considerarla una Ley muy deseada y necesaria, lo que no es lo mismo que suficiente y satisfactoria.
Desde el punto de vista de la innovación y la competitividad empresarial, este documento da un importante giro copernicano con respecto a su predecesor, incluyendo a la i minúscula en el binomio I+D. Por primera vez, se contempla legalmente la existencia de un sistema nacional de I+D+i. En uno de sus artículos se afirma que uno de los objetivos es "fomentar la investigación científica y técnica como factor esencial para desarrollar la competitividad y la sociedad basada en el conocimiento, mediante la creación de un entorno económico, social, cultural e institucional favorable al conocimiento y a la innovación".
Se recogen conceptos relevantes para ello, como “transferencia de innovación” o “valorización”, y se pretende facilitar la incorporación temporal de investigadores de la universidad o de organismos públicos a empresas, para contribuir al progreso tecnológico y científico del tejido empresarial.
Sin embargo, no hay que olvidar que esa significativa modificación favorable a la innovación y al cambio de modelo productivo es simplemente una meta, no la consecución de la misma. Para satisfacer íntegramente las exigencias de los científicos y los gestores de I+D+i, hay que ir mucho más allá de favorecer la relación entre la investigación pública y la privada. Aunque se crearán la Agencia Estatal de Investigación y el Centro para el Desarrollo Tecnológico al amparo de la nueva Ley de Ciencia, la financiación de la investigación no obtendrá la independencia del ámbito político, ya que ambos organismos dependerán del Ministerio de Hacienda. La mejora de la estabilidad de la carrera profesional y las reformas de las condiciones laborales del personal investigador son otros aspectos esenciales.
La Ley de la Ciencia es un paso adelante hacia la modernización de Galicia y España, indispensable para que ocupen un lugar destacado en el mapa de la investigación mundial. La aplicación práctica y los efectos en el desarrollo de la I+D+i de las reformas contempladas, revelarán si se trata también del paso definitivo hacia una economía basada en las ideas y el avance del conocimiento.
